Será un Tribunal Económico y Administrativo dedicado a la resolución de las reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre los conflictos que le surjan con el Ayuntamiento. Este tribunal estará integrado por un presidente y dos vocales, con voz y voto, que serán nombrados por el pleno municipal de entre personas de reconocida competencia técnica que deberán ser titulados superiores en Derecho.

El objetivo es agilizar la resolución de los conflictos existentes entre las partes, ahorrar costes y descargar de trabajo a los tribunales ordinarios. Se busca abaratar y agilizar la defensa de los derechos de los ciudadanos en un ámbito tan correoso como es el tributario. Esta medida forma parte de las incluidas en la denominada Ley de Grandes Ciudades, destinada a la modernización de los gobiernos locales de capitales de provincia con una población superior a los 175.000 habitantes.

Con este tribunal, se centrará en la resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local y, sobre todo, en acciones vinculadas a las multas y a ciertos impuestos locales, como el IBI.