Martes, 29 Noviembre 2022

 


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El Parlamento aprueba la Ley de Infancia que sitúa a Andalucía como referente en la protección de los menores

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que la nueva Ley de Infancia y Adolescencia supondrá un fortalecimiento de la protección de los y las menores y la adaptación a las nuevas realidades en las que están inmersos. 
"Es una ley pionera y mucho más avanzada que la estatal que convierte a Andalucía en referente por cuanto la protección y la prevención se convierten en piedras angulares de cualquier acción política", ha resaltado. La norma ha sido aprobada en el Parlamento con un amplio consenso por parte de los grupos políticos, salvo Vox, e incorpora medidas para luchar contra la pobreza infantil y las adicciones y acoso tecnológico.
Ruiz ha subrayado que la atención a la infancia y la adolescencia "debe ser  una responsabilidad no solo de las administraciones, ya que mejorar su calidad de vida es mejorar nuestra sociedad", y ha resaltado que el documento final "es el mejor texto legal posible para que Andalucía sea un referente en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia". "Cuántas veces soñé, en mis 30 años de profesión, poder recuperar la infancia perdida de tantos niños y niñas, poder actuar a tiempo para evitar el dolor y sufrimiento, y que tuvieran la familia soñada", ha añadido.
La responsable de Igualdad ha querido agradecer además las aportaciones de los distintos grupos políticos, "porque han entendido que había que sentarse a hablar, a escuchar, a comprender, a ceder y a llegar a acuerdos". "Para eso precisamente vine a la política, para construir una ley honesta, pionera e imprescindible", ha apuntado, "destruir es muy fácil, lo difícil es construir".
Así, la nueva ley, que mejora y amplía la hasta ahora vigente de 1998, refleja ese compromiso del Ejecutivo regional con toda la infancia y adolescencia en Andalucía, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. La ley se adapta además a las realidades sociales del siglo XXI, reconociendo la realidad virtual e interactiva en la que crecen ahora los menores y promoviendo e impulsado la alfabetización digital y mediática.
"Internet no es un entorno hostil, pero debe ser un entono seguro para la infancia, y ahí es donde nos toca a las administraciones prevenir y detectar posibles alteraciones, desordenes o delitos", ha señalado Ruiz aludiendo a asuntos como el bullying, el consumo de pornografía, los comportamientos violentos o el acoso en redes sociales.
En este sentido, la responsable de Igualdad ha insistido en que "esta ley tiene una única razón de ser, procurar el bienestar de la infancia y adolescencia, verdadera razón de ser de nuestra acción política", de ahí nazca con un carácter transversal y una dotación presupuestaria de 2.500 millones de euros. De hecho, la perspectiva de infancia en los presupuestos públicos que contempla la nueva norma es una medida pionera y demandada por las entidades del sector.
"Debemos ser conscientes de que en las primeras etapas de la vida pueden acumularse desigualdades sociales que repercuten en la edad madura y la vejez", ha enfatizado en este sentido la responsable de Igualdad, destacando que la norma impulsa la planificación de políticas públicas orientadas a su desarrollo integral y a la lucha contra la pobreza infantil, una realidad que afecta a más de 360.000 menores en la comunidad andaluza. Así, se ha incluido un ingreso por la infancia y la inclusión para romper la cadena de pobreza estructural y favorecer que las personas menores crezcan en mejores entornos.
El valor de la infancia, la intergeneracionalidad y la perspectiva intercultural son otros principios rectores que impregnan la norma, que fortalece el reconocimiento de la familia como institución fundamental donde los niños y niñas deben crecer y desarrollarse plenamente.
En este sentido, Ruiz ha destacado la firme apuesta por la prevención y la detección precoz en el crecimiento de los menores y, en caso alternativo, por el acogimiento familiar con apoyo económico, jurídico y social. Todo ello con el objetivo, ha resaltado, de "evitar por todos los medios de que los niños y niñas entren en el sistema de protección". Para este fin, se fomentará la parentalidad positiva y el buen trato a las personas menores, al tiempo que se regulan los criterios de actuación en caso de situación de riesgo, desamparo o guarda. Y se impulsa también la adopción de forma prioritaria para los menores de 7 años, priorizando así el interés superior del menor y su crecimiento en un entorno familiar.
Entre las novedades del texto legal, la consejera ha destacado la regulación del derecho de los y las menores a ser oídos mediante la creación de un nuevo órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes, que permitirá a las personas menores asumir un rol más activo y participativo en las cuestiones que les afecten y en la construcción de la sociedad. Y se establece un sistema de información e indicadores que permitan ir conociendo las necesidades presentes de la infancia y predecir las que puedan surgir en el futuro, así como reforzar las fortalezas de las políticas puestas en marcha.
Asimismo, la ley velará por el crecimiento cultural, deportivo e intelectual de todas las personas menores que se encuentren en Andalucía, favoreciendo centros educativos seguros y confortables, y reitera la necesidad de la colaboración y la coordinación entre administraciones "porque no solo permite optimizar recursos sino también trabajar con las familias, lo que repercute en las personas menores".
La nueva norma presta atención también a los menores extranjeros no acompañados, que al quedar bajo tutela de la Junta de Andalucía tienen derecho a todos los servicios y prestaciones de la comunidad, y a los jóvenes ex tutelados. En este sentido, se continúa trabajando con ellos a través de programas de preparación a la vida independiente con itinerarios personalizados de inserción social y laboral.
En materia de infracciones y sanciones, la nueva norma incluye un régimen más completo y exhaustivo, con multas de hasta 30.000 euros para casos, por ejemplo, de publicidad y promoción de hábitos no saludables o peligrosos para la salud física o mental de los menores, la no matriculación en la educación obligatoria o impedir que asistan regularmente a clase.
La consejera ha elogiado la "altura política" del resto de formaciones parlamentarias para sacar adelante un nuevo marco normativo acorde a las actuales circunstancias sociales y enriquecer un documento que ya incorporaba aportaciones consensuadas con una veintena de entidades y organismos especializados en infancia, "sin cuya inspiración esta norma no hubiera sido posible. "Quiero destacar mi admiración por la altura moral y política de este Parlamento, este lugar sagrado al que hoy estoy más orgullosa que nunca de pertenecer por este legado que dejamos a la sociedad", ha señalado Ruiz.
 

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