La Junta promueve el alquiler asequible de viviendas vacías
Publicado el Martes, 29 Octubre 2013 11:04 | | 
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La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha publicado ya la orden que regula el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas (PIMA) y el Programa de Cesión de Viviendas para el Alquiler a Entes Públicos. Estas dos herramientas sirven, respectivamente, para incentivar que las personas propietarias de inmuebles vacíos los alquilen a través de agentes colaboradores a precio asequible y para estimular la salida en arrendamiento de las casas deshabitadas mediante su cesión a entes públicos a cambio de una contraprestación económica. Dichos entes públicos serán los que los destinen a alquiler social para personas con escasos recursos económicos. Entre las medidas para estimular la salida en alquiler de inmuebles vacíos, destaca el aseguramiento por parte de la administración contra desperfectos e impagos. Estas medidas de incentivo para personas físicas complementan a las sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos e inmobiliarias, fundamentalmente) por tener viviendas vacías recogidas en la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. “En Andalucía hay más de 700.00 viviendas vacías mientras continúa la lacra de los desahucios. La Ley de Función Social de la Vivienda persigue que este inmenso stock de vivienda deshabitada salga en alquiler asequible”, ha señalado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda.
Con el fin de incentivar el alquiler, la orden, que se enmarca en las medidas contempladas en la Ley aprobada el pasado 25 de septiembre en el Parlamento, establece una serie de beneficios para los propietarios en forma de pólizas de seguro de impago de renta de alquiler, defensa jurídica y multirriesgo del hogar, así como la regulación de incentivos para los titulares de las viviendas. Todo ello quedará registrado registrado en un portal informático que aglutinará toda la información al respecto. “Queremos aportar seguridad y certidumbre para que los propietarios se decidan a alquilar sus viviendas”, ha señalado Cortés, que ha recordado que “Andalucía apenas alcanza la media europea en materia de arrendamiento”. “Desde la Consejería pretendemos modificar esa realidad lesiva para el ejercicio del derecho a la vivienda”, ha añadido la consejera, que ha recordado que el futuro Plan de Vivienda y Rehabilitación incidirá precisamente en la promoción del arrendamiento y de la rehabilitación para “un cambio profundo de las políticas de vivienda” en la autonomía.
En el caso del PIMA, la persona interesada en beneficiarse de las medidas promovidas por la Consejería deberá registrar la propiedad siempre que la casa esté deshabitada, disponga de referencia catastral y se oferte por una renta inicial de alquiler no superior a 7.200 euros al año. La vivienda deberá contar con el certificado de eficiencia energética que establece el Real Decreto 235/2013; en caso contrario, la Consejería asumirá la emisión de dicho certificado. No podrán incluirse las viviendas protegidas calificadas para alquiler.
En cuanto a las condiciones de los inquilinos, los demandantes procederán del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida siempre que soliciten expresamente su inclusión en el PIMA. Una vez les sea asignada una vivienda, se les dará de baja del programa, si bien seguirán formando parte del Registro. La Consejería de Fomento y Vivienda elimina los costes de intermediación para los arrendatarios.
